servicios de desmontaje de equipos en el centro de operaciones de la elipa, traslado a centros de trabajo de emt y montaje.

La adjudicación del contrato se ha hecho a favor de las ofertas válidas más ventajosas por cada lote, por aplicación de los criterios de adjudicación del Pliego de Condiciones.

La adjudicación del contrato se ha hecho a favor de las ofertas válidas más ventajosas por cada lote, por aplicación de los criterios de adjudicación del Pliego de Condiciones.

La adjudicación del contrato se ha hecho a favor de las ofertas válidas más ventajosas por cada lote, por aplicación de los criterios de adjudicación del Pliego de Condiciones.

La adjudicación del contrato se ha hecho a favor de las ofertas válidas más ventajosas por cada lote, por aplicación de los criterios de adjudicación del Pliego de Condiciones.

La adjudicación del contrato se ha hecho a favor de las ofertas válidas más ventajosas por cada lote, por aplicación de los criterios de adjudicación del Pliego de Condiciones.

La adjudicación del contrato se ha hecho a favor de las ofertas válidas más ventajosas por cada lote, por aplicación de los criterios de adjudicación del Pliego de Condiciones.

Debido a que el contrato de servicios mencionado, relativos al desmontaje y traslados de equipos no ha podido realizarse en los plazos previstos por motivos no imputables al contratista, y que ha impedido el comienzo de las actuaciones, y ha hecho que sea imposible el desarrollo de los servicios contratados. El supuesto se encuadra legalmente en el artículo 195.2 LCSP, ya que la modificación, referida exclusivamente a la ampliación del plazo, no se ha producido por motivos imputables a los contratistas. Además, esta ampliación de plazo no sólo respeta la duración máxima tasada para los contratos de servicios -fijada en cinco años-, sino también la previsión del artículo 29.1 LCSP que fija los principios a los que debe acomodarse la duración de los contratos.

Debido a que el contrato de servicios mencionado, relativos al desmontaje y traslados de equipos no ha podido realizarse en los plazos previstos por motivos no imputables al contratista, ya que la demora ha sido producida por el retraso en la gestión documental y que ha impedido el comienzo de las actuaciones, y ha hecho que sea imposible el desarrollo de los servicios contratados

Debido a que el contrato de servicios mencionado, relativos al desmontaje y traslados de equipos no ha podido realizarse en los plazos previstos por motivos no imputables al contratista, ya que la demora ha sido producida por el retraso en la gestión documental lo que ha impedido el comienzo de las actuaciones, y ha hecho que sea imposible el desarrollo de los servicios contratados

El área encargada del contrato solicita nueva ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2022, ya que, debido al retraso en la gestión documental, las actuaciones previstas en el contrato no han podido ejecutarse en su totalidad

Debido a que el contrato de servicios mencionado, relativos al desmontaje y traslados de equipos no ha podido realizarse en los plazos previstos por motivos no imputables al contratista, y que ha impedido el comienzo de las actuaciones, y ha hecho que sea imposible el desarrollo de los servicios contratados. El supuesto se encuadra legalmente en el artículo 195.2 LCSP, ya que la modificación, referida exclusivamente a la ampliación del plazo, no se ha producido por motivos imputables a los contratistas. Además, esta ampliación de plazo no sólo respeta la duración máxima tasada para los contratos de servicios -fijada en cinco años-, sino también la previsión del artículo 29.1 LCSP que fija los principios a los que debe acomodarse la duración de los contratos.

El supuesto se encuadra legalmente en el artículo 195.2 LCSP, ya que la modificación, referida exclusivamente a la ampliación del plazo, no se ha producido por motivos imputables a los contratistas. Además, esta ampliación de plazo no sólo respeta la duración máxima tasada para los contratos de servicios -fijada en cinco años-, sino también la previsión del artículo 29.1 LCSP que fija los principios a los que debe acomodarse la duración de los contratos.