Servicio de Formación, programa ejecutivo de Dirección de Empresas Inmobiliarias

VISOCAN tiene la condición de poder adjudicador que no tiene la consideración de Administración Pública, resultando de aplicación el régimen previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para los poderes adjudicadores no Administración Pública. 2. El contrato se califica como contrato de servicios de formación, al consistir en una prestación externa, onerosa y determinada, dirigida a proporcionar formación ejecutiva especializada a un trabajador/directivo de la entidad. 3. El importe de la prestación supera el umbral aplicable a la adjudicación directa de contratos de servicios, por lo que no procede su tramitación como contrato menor. 4. El artículo 168.a).2º de la LCSP permite acudir al procedimiento negociado sin publicidad cuando los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado por no existir competencia por razones técnicas o por la protección de derechos exclusivos, incluidos los derivados de la propiedad intelectual e industrial. 5. En el presente caso concurren razones técnicas y de protección de derechos exclusivos, de conformidad con la memoria justificativa, el informe de insuficiencia de competencia y el informe jurídico obrantes en el expediente, sin que la ausencia de competencia derive de una configuración artificial o restrictiva del objeto contractual. 6. La adjudicación resulta proporcionada a la necesidad identificada, adecuada al objeto del contrato y coherente con los principios de eficiencia, economía y buena administración.